Nelson Mondiola
2010-08-07 15:06:05 UTC
Conspiración
Desde países sudamericanos también se financia la conspiración
antibolivariana
Durante más de una década, organizaciones gubernamentales, paraloficiales y
no gubernamentales estadounidenses (USAID, NED, etc) y algunas europeas
(españolas, holandesas) vienen financiando las actividades polŽñiticas y
también las ilegales de los grupos opositores al gobiero de la República
Bolivariana de Venezuela.
Los propios documentos oficiales estadounidenses confirman este
financiamiento, disfrazado de ayuda a la consolidación democrática, defensa
humanitaria o de la libertad de prensa que, en definitiva tienen una sola
meta: terminar con los cambios estructurales del gobierno de Hugo Chávez.
Pero lo cierto es que, además del financiamiento estadounidense y europeo,
los grupos -políticos y conspiradores- de la oposición venezolana han
logrado también financiamiento en algunos países latinoamericanos, donde
gobiernos derechistas han facilitado el acceso a ingentes recursos a
personajes que supuestamente gozan de asilo político, aunque realmente están
requeridos en su país por problemas con la justicia por enriquecimiento
ilícito, estafas y conspiración antidemocrática.
Si Venezuela se propusiera denunciar a Colombia, tendría suficientes
elementos, como las permanentes incursiones paramilitares, con campamentos
en territorio venezolano. Desde Colombia, y con total impunidad y excelente
financiamiento, opera a Pedro Carmona Estanga, requerido por la justicia
venezolana por conspiración y el golpe de Estado de 2002.
Pero existen otros "campamentos", en Perú y Panamá, países donde se mueve
libremente otro conspirador, Manuel Rosales, a quien busca la justicia
venezolana por enriquecimiento ilícito ejerciendo cargos públicos: no pudo
demostrar cómo obtuvo 15 fincas y terrenos en el Estado Zulia ni refutar
pruebas concretas en donde hacia transacciones por millones de dólares en el
Bank of America.
Lo que sorprende es que en Perú, pese a ser asilado político, ofrece
conferencias de prensa y sale y entra al país cuando quiere, en una clara
violación por parte del gobierno de Alan García de los principios
internacionales del asilo político. Eso ya de por sí es grave.
Pero más grave es que en Lima Rosales recibe contratos de saneamiento y
limpieza (recolección de basura), para explotar minas, en operaciones
destinadas a financiar -indirectamente- la caída del gobierno de Hugo
Chávez.
En Perú cuenta con la protección del gobierno de Alan García, el partido
APRA y del secretario general de la aprista Confederación de Trabajadores
del Perú, Elías Grijalba.
Además, compró dos lujosos apartamentos en el Distrito de Miraflores, uno de
ellos ubicado en Malecón Balta Nro.175 (miraflores), donde asiduamente
recibe a los dirigentes venezolanos Timoteo Zambrano (su "canciller") y Omar
Barboza, ambos de Un Nuevo Tiempo. En Lima también están asilados el ex
sindicalista Carlos Ortega y el ex gobernador socialcristiano del estado
Yaracuy, Eduardo Lapi.
Manuel Rosales está utilizando el territorio de Panamá para evadir los
controles de la Interpol y viajar ¿clandestinamente? a Estados Unidos. En
diciembre estuvo en Panamá contactando -entre otros- a Gassaiv Almaz,
empresario y banquero venezolano, financista de actividades contra el
gobierno constitucional venezolano, y a banqueros defraudadores fugados del
país..
En Panamá realiza reuniones con dirigentes opositores venezolanos quienes
viajan expresamente a ese país para reunirse con Rosales, entre ellos
Alberto Federico Ravell y Pablo Pérez, Milos Alcalay y el exgeneral Ochoa
Antich, entre tantos otros.
Venezuela puede denunciar esto, y no lo ha hecho.
Álvaro Verzi*
Asesinar a Chávez
El diario estadounidense El Nuevo Herald señaló en septiembre de 2009 que la
Fiscalía General de Colombia tiene el testimonio de un ex militar colombiano
condenado por paramilitarismo según el cual Rosales participó en un complot
con escuadrones de la muerte para asesinar al presidente venezolano, Hugo
Chávez.
El periódico explicó las reuniones que Rosales sostuvo con diferentes
soldados colombianos en diciembre de 1999 cuando ofreció la cantidad de 25
millones de dólares para poner en marcha la operación contra el mandatario
venezolano que, para ese entonces, tenía sólo un año como Presidente.
Uno de los ex soldados que se reunió con Rosales en aquel entonces fue
Geovanny Velásquez Zambrano, condenado a 40 años de prisión por haber
cometido masacres con paramilitares en la región colombiana de Catatumbo,
fronteriza con Venezuela, quien declaró a un reportero de El Nuevo Herald en
un despacho judicial de Bogotá. En esa entrevista divulgada por Al Jazeera,
Velásquez señala que Manuel Rosales, en sus tiempos de gobernador y alcalde,
controlaba toda la mercancía del narcotráfico procedente de Ureña hacia
Cúcuta.
Pantín y Rosales
Dirigentes de la oposición, en Caracas, se pelean por acceder a parte de la
torta financiera, alimentada en parte por el empresario petrolero venezolano
Ronald Pantín (empleado de PDVSA por 23 años), radicado actualmente en
Colombia junto a su esposa Milagros y sus dos hijos, quien ha aportado más
de dos millones de dólares, a través de Manuel Rosales.
Pantín, quien según fuentes opositoras en Caracas es quien financia el
portal Noticias24 y el programa televisivo Radar de los Barrrios, es
presidente de Pacific Rubiales, la empresa que nace de la fusión de Petro
Rubiales y Pacific Stratus en enero de 2008 y que casualmente eligió la
estatal Ecopetrol para extraer el crudo pesado de este campo, dice que las
reservas de este yacimiento provienen de la misma cuenca de la Faja del
Orinoco.
En octubre pasado el precio del título de Pacific Rubiales Energy se
derrumbó en medio del gran escándalo que involucra a directivos y empleados
de la compañía, acusados ante la Corte Superior de Justicia de Ontario,
Canadá, por enriquecimiento no justificado, transacciones inapropiadas,
falta de lealtad, uso personal de recursos corporativos, se les exige
devolver al menos 161 millones de dólares ganados indebidamente, por citar
algunas cosas ocurridas entre 2005 y 2008 en la minera Coalcorp. Si bien el
"affaire" no tiene nada que ver con Pacific Rubiales, pero los presuntos
involucrados son actualmente accionistas y directores y ejecutivos de la
petrolera socia de la estatal Ecopetrol en el yacimiento Rubiales.
Entre los acusados están seis "empresarios petroleros" venezolanos: Serafino
Iácono, Efraín Carrera Saud, Francisco Arata, Juan Manuel Peláez y Miguel de
la Campa, quienes operan con Pantín en el financiamiento desde Colombia a
figuras e instituciones opositoras en Venezuela a cambio de presuntas
futuras concesiones petroleras en caso de que alguna de estas figuras llegue
al poder.
Los otros acusados son Michael Beckett, Neil Woodyer, Robert Metcalfe,
Michael Davies, Robert Doyle, Peter Volk, Laureano von Siegmund y Giuseppe
Aprile, y las compañías Blue Pacific Assets Corp., Lando Industrial Park
Inc., Xira Investment Inc., Platone S.A., Fleur Investments Limited, Jurgen
Mossack y Mossack, Fonseca & Co.
*Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia
Desde países sudamericanos también se financia la conspiración
antibolivariana
Durante más de una década, organizaciones gubernamentales, paraloficiales y
no gubernamentales estadounidenses (USAID, NED, etc) y algunas europeas
(españolas, holandesas) vienen financiando las actividades polŽñiticas y
también las ilegales de los grupos opositores al gobiero de la República
Bolivariana de Venezuela.
Los propios documentos oficiales estadounidenses confirman este
financiamiento, disfrazado de ayuda a la consolidación democrática, defensa
humanitaria o de la libertad de prensa que, en definitiva tienen una sola
meta: terminar con los cambios estructurales del gobierno de Hugo Chávez.
Pero lo cierto es que, además del financiamiento estadounidense y europeo,
los grupos -políticos y conspiradores- de la oposición venezolana han
logrado también financiamiento en algunos países latinoamericanos, donde
gobiernos derechistas han facilitado el acceso a ingentes recursos a
personajes que supuestamente gozan de asilo político, aunque realmente están
requeridos en su país por problemas con la justicia por enriquecimiento
ilícito, estafas y conspiración antidemocrática.
Si Venezuela se propusiera denunciar a Colombia, tendría suficientes
elementos, como las permanentes incursiones paramilitares, con campamentos
en territorio venezolano. Desde Colombia, y con total impunidad y excelente
financiamiento, opera a Pedro Carmona Estanga, requerido por la justicia
venezolana por conspiración y el golpe de Estado de 2002.
Pero existen otros "campamentos", en Perú y Panamá, países donde se mueve
libremente otro conspirador, Manuel Rosales, a quien busca la justicia
venezolana por enriquecimiento ilícito ejerciendo cargos públicos: no pudo
demostrar cómo obtuvo 15 fincas y terrenos en el Estado Zulia ni refutar
pruebas concretas en donde hacia transacciones por millones de dólares en el
Bank of America.
Lo que sorprende es que en Perú, pese a ser asilado político, ofrece
conferencias de prensa y sale y entra al país cuando quiere, en una clara
violación por parte del gobierno de Alan García de los principios
internacionales del asilo político. Eso ya de por sí es grave.
Pero más grave es que en Lima Rosales recibe contratos de saneamiento y
limpieza (recolección de basura), para explotar minas, en operaciones
destinadas a financiar -indirectamente- la caída del gobierno de Hugo
Chávez.
En Perú cuenta con la protección del gobierno de Alan García, el partido
APRA y del secretario general de la aprista Confederación de Trabajadores
del Perú, Elías Grijalba.
Además, compró dos lujosos apartamentos en el Distrito de Miraflores, uno de
ellos ubicado en Malecón Balta Nro.175 (miraflores), donde asiduamente
recibe a los dirigentes venezolanos Timoteo Zambrano (su "canciller") y Omar
Barboza, ambos de Un Nuevo Tiempo. En Lima también están asilados el ex
sindicalista Carlos Ortega y el ex gobernador socialcristiano del estado
Yaracuy, Eduardo Lapi.
Manuel Rosales está utilizando el territorio de Panamá para evadir los
controles de la Interpol y viajar ¿clandestinamente? a Estados Unidos. En
diciembre estuvo en Panamá contactando -entre otros- a Gassaiv Almaz,
empresario y banquero venezolano, financista de actividades contra el
gobierno constitucional venezolano, y a banqueros defraudadores fugados del
país..
En Panamá realiza reuniones con dirigentes opositores venezolanos quienes
viajan expresamente a ese país para reunirse con Rosales, entre ellos
Alberto Federico Ravell y Pablo Pérez, Milos Alcalay y el exgeneral Ochoa
Antich, entre tantos otros.
Venezuela puede denunciar esto, y no lo ha hecho.
Álvaro Verzi*
Asesinar a Chávez
El diario estadounidense El Nuevo Herald señaló en septiembre de 2009 que la
Fiscalía General de Colombia tiene el testimonio de un ex militar colombiano
condenado por paramilitarismo según el cual Rosales participó en un complot
con escuadrones de la muerte para asesinar al presidente venezolano, Hugo
Chávez.
El periódico explicó las reuniones que Rosales sostuvo con diferentes
soldados colombianos en diciembre de 1999 cuando ofreció la cantidad de 25
millones de dólares para poner en marcha la operación contra el mandatario
venezolano que, para ese entonces, tenía sólo un año como Presidente.
Uno de los ex soldados que se reunió con Rosales en aquel entonces fue
Geovanny Velásquez Zambrano, condenado a 40 años de prisión por haber
cometido masacres con paramilitares en la región colombiana de Catatumbo,
fronteriza con Venezuela, quien declaró a un reportero de El Nuevo Herald en
un despacho judicial de Bogotá. En esa entrevista divulgada por Al Jazeera,
Velásquez señala que Manuel Rosales, en sus tiempos de gobernador y alcalde,
controlaba toda la mercancía del narcotráfico procedente de Ureña hacia
Cúcuta.
Pantín y Rosales
Dirigentes de la oposición, en Caracas, se pelean por acceder a parte de la
torta financiera, alimentada en parte por el empresario petrolero venezolano
Ronald Pantín (empleado de PDVSA por 23 años), radicado actualmente en
Colombia junto a su esposa Milagros y sus dos hijos, quien ha aportado más
de dos millones de dólares, a través de Manuel Rosales.
Pantín, quien según fuentes opositoras en Caracas es quien financia el
portal Noticias24 y el programa televisivo Radar de los Barrrios, es
presidente de Pacific Rubiales, la empresa que nace de la fusión de Petro
Rubiales y Pacific Stratus en enero de 2008 y que casualmente eligió la
estatal Ecopetrol para extraer el crudo pesado de este campo, dice que las
reservas de este yacimiento provienen de la misma cuenca de la Faja del
Orinoco.
En octubre pasado el precio del título de Pacific Rubiales Energy se
derrumbó en medio del gran escándalo que involucra a directivos y empleados
de la compañía, acusados ante la Corte Superior de Justicia de Ontario,
Canadá, por enriquecimiento no justificado, transacciones inapropiadas,
falta de lealtad, uso personal de recursos corporativos, se les exige
devolver al menos 161 millones de dólares ganados indebidamente, por citar
algunas cosas ocurridas entre 2005 y 2008 en la minera Coalcorp. Si bien el
"affaire" no tiene nada que ver con Pacific Rubiales, pero los presuntos
involucrados son actualmente accionistas y directores y ejecutivos de la
petrolera socia de la estatal Ecopetrol en el yacimiento Rubiales.
Entre los acusados están seis "empresarios petroleros" venezolanos: Serafino
Iácono, Efraín Carrera Saud, Francisco Arata, Juan Manuel Peláez y Miguel de
la Campa, quienes operan con Pantín en el financiamiento desde Colombia a
figuras e instituciones opositoras en Venezuela a cambio de presuntas
futuras concesiones petroleras en caso de que alguna de estas figuras llegue
al poder.
Los otros acusados son Michael Beckett, Neil Woodyer, Robert Metcalfe,
Michael Davies, Robert Doyle, Peter Volk, Laureano von Siegmund y Giuseppe
Aprile, y las compañías Blue Pacific Assets Corp., Lando Industrial Park
Inc., Xira Investment Inc., Platone S.A., Fleur Investments Limited, Jurgen
Mossack y Mossack, Fonseca & Co.
*Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia